Las nuevas prórrogas contractuales y las indemnizaciones por no renovación causarían inseguridad jurídica y económica de los propietarios.
El rechazo del Congreso de los Diputados a los dos reales decretos-ley en materia de vivienda ha evitado la entrada en vigor definitiva de unas medidas que habrían introducido importantes cambios en el mercado del alquiler. Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG) advierte de que las nuevas prórrogas contractuales, las indemnizaciones previstas en determinados supuestos de no renovación y las mayores limitaciones para recuperar una vivienda habrían incrementado la inseguridad jurídica y económica de los propietarios.
Según el análisis de SEAG, uno de los principales efectos habría sido una contracción de la oferta de alquiler habitual. Ante contratos más rígidos y una menor capacidad de disposición sobre el inmueble, una parte de los propietarios podría haber optado por vender, mantener la vivienda vacía o destinarla a otros usos. Otros habrían endurecido los requisitos de alquiler exigidos a los candidatos, perjudicando especialmente a jóvenes, trabajadores temporales y hogares con ingresos irregulares.
Las consecuencias habrían sido especialmente relevantes en el ámbito del impago del alquiler. Cuanto mayor es la incertidumbre sobre el tiempo necesario para recuperar una vivienda y reclamar las cantidades adeudadas, mayor es el riesgo económico asociado a cada contrato. Ese riesgo no desaparece mediante una nueva regulación: se traslada al precio, a las garantías exigidas o, directamente, a la decisión de no alquilar.
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